Así persigue y ahoga Nicolás Maduro a las universidades en Venezuela

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El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a ser intermediario en los pagos a la planta docente. Opositores señalan que se está afectando la independencia.

US$0,045 dólares. Ese fue el pago que recibió una profesora de la Universidad de Zulia en la primera quincena de marzo por su trabajo como docente en esa institución pública. El desembolso de su salario no estuvo a cargo del centro educativo, como siempre había sucedido, sino que fue el mismo Banco Central de Venezuela el responsable de consignar el monto con el que no alcanza ni para comprar un pan.

A las universidades públicas de Venezuela la dictadura les quitó un espacio que les quedaba de independencia: su capacidad de administrar los escasos fondos con los que intentan mantenerse abiertas. El régimen de Nicolás Maduro emitió una directiva por la que el presupuesto de esas instituciones es manejado por el Gobierno, no por cada alma máter.

Ahora, para hacer pagos y desembolsos las instituciones dependen de la intermediación del régimen, un Ejecutivo que lleva siete años afectando los centros de educación superior: estudiantes y docentes detenidos, reducción de recursos y un allanamiento a la Universidad de Carabobo están en la lista de sucesos contra esas instituciones y quienes las dirigen.

Y es que el movimiento estudiantil ha sido epicentro de la oposición: fomentó la resistencia a Hugo Chávez en 2007, también encabezó las manifestaciones contra Maduro de 2014, 2017 y 2019. Los estudiantes y profesores tomaron la consigna democrática en las calles y se convirtieron en otras víctimas de la represión del oficialismo.

“La autonomía universitaria es esencial para garantizar la libertad académica y el resto de libertades que coexisten con esta. Si la universidad no tiene presupuesto, no puede tomar decisiones autónomas”, afirma Ricardo Villalobos, profesor y coordinador de investigaciones e incidencia internacional de Aula Abierta.

Los cambios se dieron en cuestión de días. A comienzos de marzo la Oficina de Planificación del Sector Universitario notificó que los pagos se harían a través del Sistema Patria y para el primer salario de ese mes ya los colaboradores educativos tenían en sus cuentas bancarias una transacción en nombre del régimen.

El Sistema Patria es la plataforma mediante la cual Venezuela entrega mercados, auxilios y servicios solo a ciudadanos inscritos. Pero hay un problema: los opositores desconfían y no quieren que sus datos estén en manos del Palacio de Miraflores.

El presupuesto para la educación fue alejado de las instituciones y quedó en manos de terceros. Una acción más contra la universidad pública venezolana que se suma a la imposición de vicerrectores, el aplazamiento de elecciones de autoridades universitarias y la asfixia presupuestaria.

La CIDH detalló en marzo que “este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas”.

Desde 2008 el Gobierno emitió aumentos de presupuesto anual que no iban en línea con la inflación del país. Los bolívares escasearon de manera progresiva hasta que para 2019 el monto asignado a las instituciones fue de alrededor del 1 % del que necesitaban para operar, según reporta Aula Abierta.

Fuentes: El Espectador

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